Laura Carro-K. : México: mujeres en la lucha contra pobreza y violencia

El 11 de febrero pasado un público de aproximadamente 50 personas escuchó  en la Ev. Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie en Hamburgo al abogado Luis Jerónimo Zavala, perteneciente a la Red Guerrerense para Promoción, Difusión y Defensa de Derechos Humanos en el Estado de Guerrero en México, así como a la Señora Celsa
Valdovinos Ríos, dirigente de la Organización de Mujeres Campesinas de la Sierra de Petatlán, Guerrero.

*Guerrero* es uno de los estados más pobres de México y con elevado porcentaje de población indígena. Al volverse foco de narcotráfico y de guerra contra éste, también es uno de los estados más peligrosos;
diariamente ocurren asesinatos, desapariciones forzadas, violencia contra mujeres y criminalización de defensores de derechos humanos.

En este marco trabaja la Red Guerrerense para Promoción, Difusión y Defensa de Derechos Humanos en el Estado de Guerrero  denunciando la situación estatal crítica de derechos humanos, proporcionando apoyo jurídico en casos de violaciones a éstos, ofreciendo  espacios para iniciativas de la sociedad civil para campañas comunes, entre ellas
promover la mejora de los instrumentos jurídicos disponibles, tales como la tipificación como delito de la "desaparición forzada" que llevó a expedir una ley en el 2005 que previene y sanciona ese delito, o bien una en 2006 para promover la "justicia por una vida sin violencia", e impulsando con otras organizaciones la "Campaña Nacional contra la
Criminalización de la Protesta social, y de las y los Defensores de Derechos Humanos", además de impulsar otras para la protección jurídica de mujeres.

El Lic. Zavala, perteneciente al grupo indígena Me'phaa, esbozó la difícil situación en que viven las mujeres de Guerrero: por un lado existen instrumentos jurídicos nacionales, como la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, e internacionales, como la Convención interamericana para prevenir la violencia (Belém do Pará); sin embargo, en la realidad existe una criminalización de la mujer, por ejemplo en cuanto a decidir sobre su cuerpo. Haciendo caso omiso al derecho constitucional al aborto, el derecho penal únicamente lo autoriza cuando el embarazo es resultado de una violación sexual, cuando la vida de la mujer está en peligro o cuando el producto está muy
afectado; de hecho se condena y penaliza el aborto y se rechaza y se señala a las mujeres, de manera que no se garantiza el acceso de todas ellas a los servicios de atención a la salud. Así, se registraron 558 muertes maternas entre el año 2000 y el  2006, 46% por aborto y sus complicaciones y 26% que carecían totalmente de seguro social.

Según las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadísitica, Geografía e Información en el año 2005 se registraron en Guerrero 5161 abortos y para el año siguiente 5041. La SecretarÍa de la Salud a su vez
registró 4462 abortos en 2008 y 2462 entre enero y agosto del 2009.

Peor aún, en Guerrero se registraron feminicidios, asesinatos contra mujeres, cuyas cifras fluctuaron del año 2000 al 2005 entre 64 y 85, sumando para el período 503 según el Juzgado de Guerrero (la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero anota cifras menores). De 503 feminicidios  registrados en expedientes penales sólo
se resolvieron 232 (46%), por lo que quedan 271 casos aún no juzgados (54%). Solamente obtuvieron sentencia condenatoria 144 (28%), yendo tales sentencias de 5 a 10 años en 12 casos y de 1 a 5 años en 87 casos,
lo cual revela la impunidad prevaleciente para juzgar tales asesinatos.

Entre el año de 2005 y el 2008 se resolvieron 102 casos, pero las sentencias también fueron de uno a 5 años en 59 casos (58%), de 22 a 60 en 33 casos (32%) y el resto de los casos con diversas condenas, habiendo un caso de 67 años de prisión. Estos datos muestran que no se garantiza a las mujeres la ejecución de la justicia.

Por su parte, Celsa Valdovinos se refirió a las actividades de la organización Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP), surgida bajo su dirección en 2002, que agrupa hoy a 100 mujeres y sus familias pertenecientes a diversas comunidades. Ellas han conseguido éxitos admirables en la mejora de la situación alimentaria, en la ampliación de los espacios de acción de mujeres y en el fortalecimiento de su conciencia de sí mismas, pese al machismo imperante en la zona y en sus propias familias. Con sus proyectos productivos (por ejemplo reforestación con viveros propios, hortalizas y huertos frutales y gallineros de traspatio, producción de abono orgánico)  se oponen al problema estructural de la pobreza y son un modelo ejemplar para la realización eficaz de derechos económicos, sociales y culturales.  Ese modelo se ha difundido a iniciativa del Gobierno de Guerrero en todo el Estado al reconocer su importancia para apoyar el autoabastecimiento alimentario de los pequeños productores. También se da desde hace años un intercambio de información --a través de talleres-- con otros estados mexicanos tales como Tlaxcala, Puebla, Chiapas  y Oaxaca para multiplicar este tipo de proyectos de autoayuda de campesino a campesino. El público allí reunido apoyó el proyecto de Celsa Valdovinos para sembrar arroz en la región mediante donativos.

El compromiso de Celsa Valdovinos en sus nobles causas, en particular la defensa de los bosques y del medio ambiente de la Sierra de Petatlán al lado de su recientemente fallecido esposo, Felipe Arreaga,  los hizo a ambos ser acreedores al Premio Chico Mendes otorgado por la organización ambientalista Sierra Club de EEUU.

La fuerza que mueve a la dirigente de la OMESP, Celsa Valdovinos, pese a la represión y agresiones sufridas por años y que costara la vida a parientes, amigos y vecinos, declara ella, se "la da el cambio ocurrido en la gente" y, siguiendo el ideario de su difunto esposo, "contribuir con su granito de arena a la conservación del planeta".
Laura R. Carro-K. (www.ini-mex.org)